La Generalitat Valenciana argumentó que la derogación de esta infraestructura no concurre la "extraordinaria y urgente necesidad" descrita en el decreto; que es "arbitrario" porque se basa en informes "irreales", no es "razonable ni proporcional" ni sigue las mismas reglas que para su aprobación y es contrario al principio de solidaridad, además de suponer un "uso irracional" de los recursos naturales y un "uso ineficiente" del gasto público.
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