La Ley de Financiación de Partidos aprobada en julio de 2007 establece que las donaciones a las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas estarán sometidas a los mismos mecanismos de fiscalización y control; es decir, al Tribunal de Cuentas. La norma exige además transparencia en los donantes y límites en las cantidades aportadas: 150.000 euros de una persona física o jurídica.
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