El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto que aprobó el Gobierno del PP en 2003 para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir todos los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general.El Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Federación de Enseñanza de UGT contra ese decreto por considerar que no se ajustaba al ordenamiento jurídico porque en el procedimiento de elaboración del mismo no se consultó a las organizaciones sindicales más representativas.
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