Considera el Supremo que no existe delito porque el hecho de que la Corporación Municipal de Vivero mantuviera un sistema retributivo que había sido derogado no fue advertido por ningún órgano fiscalizador ni interno ni externo, y esta circunstancia "no puede ser subsumida en la tipicidad de la prevaricación". Tampoco aprecia la existencia de ánimo de lucro que mantenga la acusación de malversación de fondos públicos.
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