Hoy, 23 de julio, las asociaciones de personas usuarias de cannabis de la ciudad de Barcelona reciben un nuevo embate judicial que las aboca de nuevo a la inseguridad y al acceso a la sustancia mediante los mercados ilícitos y la criminalización, como ya sucedió cuando el Tribunal Constitucional suspendió la Ley 13/2017, del 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.
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