Tras la denuncia de CGT y Podemos, inspección educativa detectó que el 63% de los informes tenían irregularidades y que 10 de esos centros ni siquiera estaban ofreciendo las medidas específicas para atenderles. El sindicato exige la retirada del concierto educativo tras demostrarse que obstaculizaron la matriculación de alumnado ACNEAE.
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