La "Ley de Caducidad de la Intención Punitiva del Estado", que fue aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada por un plebiscito en abril de 1989, cerró paso a la posibilidad de enjuiciar a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
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