El defensor del pueblo de Barcelona pide a la administración una mayor protección ante los efectos de la masificación y establece que se llegan a vulnerar hasta siete derechos de la ciudadanía. La denuncia se basa en cuestiones particulares, como que los autobuses para turistas circulan y estacionan en lugares en los que está prohibido. Que siguen abriendo tiendas de souvenirs a pesar de que la normativa lo prohíbe. O que muchos bares siguen aprovechándose de las ampliaciones de terrazas de la pandemia, aunque ya no están vigentes.
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