Hace justo un año, la Xunta de Galicia autorizaba a la empresa Tungsten San Finx a verter aguas cargadas de metales pesados a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. La decisión provocó las protestas de colectivos ecologistas, cofradías de pescadores, sociedad civil y alcaldes de la zona. Pocos meses después, en agosto de 2023, el Gobierno gallego abrió un expediente por incumplir los parámetros de vertido contenidos en el permiso.
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