El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero llevaba su propia contabilidad secreta sobre las ayudas a ERE fraudulentos pagados con fondos públicos. A través de anotaciones manuscritas registraba las entradas y salidas de dinero para entregar gran parte de los 522 millones de euros que llegó a repartir entre prejubilados de empresas donde nunca trabajaron, sociedades en crisis (muchas de ellas gestionadas por excargos socialistas) y ayuntamientos en manos del PSOE.
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