El principal cargo es la supuesta "falsedad documental" cometida por un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Éste elaboró un dictamen en virtud del cual "un mínimo de 300 empresas medianas y pequeñas han sufrido sentencias condenatorias" que les han puesto al borde de la ruina. Los querellantes se han hecho fuertes en una asociación, Apemit, cuyo abogado, Josep Jover, explicó a Metro Directo que la Audiencia Nacional debe decidir en los próximos días si tramita la querella o la deriva a un juzgado ordinario.
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