El Consejo General del Poder Judicial tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, “afectan gravísimamente” a su independencia. Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la misma.
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