Las diferencias salariales entre hombres y mujeres también se extienden al sector público: el Estado paga hasta un 53,8% menos a las funcionarias. Únicamente el 10% de los altos cargos del Estado está ocupado por féminas. Es fácil exigir a las empresas privadas que incorporen mujeres a sus consejos de administración y hacer campañas contra la discriminación por razones de sexo, pero ¿no debería el Estado empezar por dar ejemplo?
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