El Gobierno llevará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley de Libertad Religiosa que no supondrá un cambio con la situación actual, porque no establecerá la premisa básica de la laicidad del Estado: dejar que las iglesias se financien por sí mismas. No ocurre ni ocurrirá; España, de facto, seguirá siendo un Estado confesional, ya que la Iglesia católica dispone de una generosísima financiación pública que la pone a cubierto de cualquier contingencia. El presidente Zapatero, en su visita al Vaticano, se lo ha garantizado a Benedicto XVI
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