Parece que ocupar un puesto en una universidad, en una Consejería de Educación o en el mismísimo Ministerio de Educación otorga la libertad de promover lo que uno quiera independientemente del rigor científico. ¿Quiénes son los principales perjudicados por todo esto? En este caso, el alumnado con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo, cuyos problemas serán “tratados” con métodos ineficaces
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