El alto tribunal tumba el argumento mantenido hasta ahora por otras instancias e impone severos límites a los pactos de disponibilidad. Dice que deberán ser radicalmente claros y sin rebasar el tope de 80 horas extras que la legislación española permite como máximo al año y, por otra parte, el pago realizado no podrá ignorar el pago mínimo que tendrían esas horas.
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