Un edificio denunciado desde 1998, declarado ilegal por sentencia firme en 2009, con auto judicial ordenando la ejecución de sentencia en 2017 y con orden de demolición desde 2020, es protagonista de un inusitado cruce de pareceres: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que se cumpla la demolición que dictó, el ayuntamiento dice que no puede, y la Fiscalía ha acabado dando carpetazo a una investigación a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) por desobediencia, porque no cree que esté ignorando deliberadamente las resoluciones judiciales.
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Tenemos lo que nos merecemos. Y nuestras miserias morales las pagaran nuestros hijos y nietos. Que ascazo.
Vaya septicemia de sitio.... Como a una gangrena hay que tratar eso.....
Las leyes son para otros, no para los del lado bueno de la historia.
Y lo siguiente incapacitar judicialmente a Ángeles Muñoz. Si de verdad no comprende lo que se dice no me refiero a inhabilitarlanoara cargo público. Me refiero a incapacitarla por no comprender los fundamentos más básicos de la sociedad.
Además pensar que es absolutamente incapaz es la única opción que no deja a la fiscalía como absolutos cómplices.